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La Prensa Asociada
TODO PARECE INDICAR que el mexicano José Ernesto Medellín Rojas será ejecutado hoy con la inyección letal en la prisión federal de Huntsville,Texas.

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Llegó la hora

De no darse un perdón, el mexicano recibirá la inyección letal por la violación y muerte de 2 jovencitas

AP/ Agencia El Universal

    HUNTSVILLE, Texas -A pesar de los esfuerzos de los abogados, todo parece indicar que el mexicano José Ernesto Medellín Rojas será ejecutado con la inyección letal, hoy a las 6 de la tarde en la prisión federal de Huntsville, Texas.
    Robert Black, vocero de Rick Perry, gobernador de Texas, aseguró que el mandatario tomará la decisión final -continuar o no con el proceso en contra de Medellín- a lo largo del martes.
    Reiteró que, "como lo ha dicho el gobernador, el estado de Texas no tiene la obligación legal o constitucional de obedecer a la Corte de Justicia Internacional, ya que no hay una reglamentación en el país al respecto.
    "El gobernador hará lo mejor posible para el pueblo que gobierna; esa es su finalidad y en caso de que lo considere necesario, el martes tomará alguna decisión al respecto", dijo.
    Sandra Babcock, abogada del mexicano, comentó que "aún 10 minutos antes de la ejecución hay posibilidades de que el Departamento de Perdones o el gobernador dé un decreto favorable".
    Estadísticas indican que el sistema penitenciario de Texas seguirá siendo el estado que más muertes en nombre de la justicia produce al año, ya que ha llevado a cabo 409 ejecuciones con inyección letal desde el 12 de julio de 1982, y el tamaulipeco José Ernesto Medellín Rojas, de no cambiar las cosas, será el número 410. En Estados Unidos, desde 1976 a la fecha han sido ejecutados en todo el país 1,115 convictos.
¿CUANTO COSTARA SU EJECUCION?
Acabar con la vida de José Ernesto Medellín Rojas, le costará al erario estadounidense 86.08 dólares, por los tres químicos que le inyectarán, más la jeringa.
    De acuerdo con las autoridades del Pabellón de la Muerte del Departamento de Justica Criminal de Texas (TDJC, por su siglas en inglés), dichas sustancias son: cinco gramos de tiopental de sodio, para dejar inconsciente a la persona; entre 50 y 100 de bromuro de pancuronio, que detiene el funcionamiento de los pulmones, y entre 50 y 100 de clorhidrato de potasio, que provoca un paro cardiaco.
    A dicha cantidad habrá que añadir el costo que implica la presencia en ese pabellón de tres médicos, ya que uno es el que aplica la dosis letal al sentenciado, pero nadie de ellos conoce quién la porta, ya que la ética de un especialista en medicina versa en torno a preservar la vida, no a quitarla. Además, una enfermera que supervisa el proceso.
    A la factura habría que añadirle también el costo derivado del proceso legal que condena a un preso a la muerte, normalmente 48% más caro que una sentencia a cadena perpetua.
    Una sentencia a muerte puede llegar a costar, según consta en los archivos del Departamento del Tesoro de Texas, entre 1.5 y 2 millones de dólares, mientras que sin la sombra de la pena capital un juicio oscila entre 47 mil y 70 mil dólares. Al hablar de condena a muerte, los costos se disparan y una apelación vale más de lo normal, y, por supuesto, el costo de los abogados encargados de llevar los casos puede llegar a triplicarse.
ESTADO INFLEXIBLE
Según comparativos realizados por consultores internacionales, está comprobado que el estado de Texas no sólo es inflexible en lo que a pena de muerte se refiere, sino que es uno de los que más ha gastado en los últimos años para la aplicación de este castigo.
    Según las estadísticas del Departamento del Tesoro texano, la justicia local ha gastado tres veces más presupuesto anual que el resto de los estados del país para la aplicación de la pena de muerte.
    En otras palabras, se han erogado 33 millones de dólares anuales durante los últimos seis años para la aplicación de la pena de muerte, mientras que en Nueva Jersey, desde 1983 la cifra no supera los 10 millones de dólares anuales.
    A estas cifras habría que sumar el costo de mantenimiento del sistema penitenciario, no incluido en los datos anteriores y el cual no fue proporcionado por autoridades estadounidenses.


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